Cuando no se realiza un análisis de riesgo ni se implementan los protocolos de seguridad...Con Vigilancia Online, esto se podría haber evitado: "Los asaltaron en un country, demandaron a los dueños y ahora les pagarán $900.000"

Un fallo sin precedentes.Ladrones entraron a la casa de una familia que vivía en Haras Santa María, en Escobar, y violaron a la mujer. La Justicia ordenó que los indemnicen.

Buscaban tranquilidad, vivir al aire libre, lejos de los ruidos de la ciudad y, sobre todo, con más seguridad. Por eso la familia tomó la decisión de mudarse a un country del partido de Escobar. Pero una noche, dos ladrones sorprendieron al matrimonio mientras dormía con sus tres hijos en su casa. Primero, los asaltantes tomaron todos los elementos de valor que encontraron en la propiedad. Luego, violaron a la mujer.
El episodio ocurrió en 2009. Pero ahora la Justicia ordenó que los responsables del country deben pagarle 900.000 pesos a la familia por daños psicológicos y morales: consideró que no le brindaron seguridad suficiente.
La familia vivía en el megaemprendimiento Haras Santa María, ubicado en el kilómetro 54 de la Panamericana, en el ramal Escobar. El country, de 380 hectáreas, está dividido en nueve barrios y cuenta con tres club house, canchas de fútbol, tenis y golf.
La familia compró el lote 96 en uno de los barrios (Haras Eucalipto), el 13 de octubre de 2006. "Se promocionaba el barrio garantizando seguridad, pero el lugar tenía muchas falencias. Entre ellas, los cercos perimetrales", le dijo a Clarín Osmar Domínguez, abogado del matrimonio asaltado.
En la madrugada del 19 de abril de 2009, a las 4.20, dos ladrones entraron a la casa de la familia. Como las puertas estaban abiertas, no necesitaron forzar ninguna abertura. Una vez adentro, se metieron en el dormitorio de la pareja y la despertaron. Uno tenía una escopeta de caño largo y el otro, un arma de puño.
"Los delincuentes procedieron a atarnos de pies y manos, asimismo nos amordazaron con medias de ellos para evitar que gritemos. Los hombres exigían plata, le señalamos y entregamos dos mil dólares, pero buscaban más", declaró la mujer en el expediente.
Con la excusa de conseguir más dinero, uno de los ladrones desató a la mujer y la llevó a un baño. Allí, ella le entregó un anillo de brillantes que era de su abuela y 40 pesos que tenía en la billetera.
"Comienza a amenazarme. En eso aparece el otro delincuente en el baño, me empuja, me tira al piso. Yo estaba atada y amordazada. Se tira encima de mí, ya con el cierre del pantalón desprendido y el arma sobre la cara. Y fui accedida sexualmente", recordó la víctima. Su nombre no se publica para preservar su intimidad.
Luego del ataque sexual, los dos ladrones amenazaron a la mujer para que no le contara a su marido y para que no hicieran la denuncia policial.
Los asaltantes salieron de la casa, le robaron el estéreo al coche de la familia y enseguida escaparon con el dinero, joyas y un bolso de fotografía. Se fueron sin que nadie los detuviera.
Por el pánico que le produjo el ataque, en un principio la mujer no le contó ni siquiera a su pareja que había sido violada. Recién lo hizo el 24 de abril de 2009, después de que la convencieran sus padres.
La Policía determinó luego que los asaltantes habían cortado el cerco perimetral que da a la calle Los Olmos, ubicada a unos 70 metros de la casa asaltada. El tejido estaba roto hasta una altura de un metro y medio y, en la parte exterior, se notaban, pisadas y huellas: una prueba de que los delincuentes habían entrado y salido por allí.
Ante esto, la familia inició una demanda por daños y perjuicios contra la empresa que desarrolló el emprendimiento, contra el country y contra la agencia de seguridad del lugar. La denuncia quedó radicada en el Juzgado Civil N° 58, de Capital Federal a cargo de la jueza María Isabel Di Filippo.
Uno de los vigiladores del lugar declaró en el expediente: "En el momento del robo el barrio estaba en plena obra, habría no más de diez casas dentro de las 380 hectáreas. No tenían la mayoría de los servicios: no había gas, la luz era muy deficiente, no había líneas telefónicas y había un tejido de alambrado perimetral muy endeble".
El día del ataque había nueve vigiladores para todo el predio. Es decir, apenas uno por barrio. "La situación era bastante precaria y lo mejor que tenía, y era pésimo, era el sistema de iluminación. Los propietarios se comunicaban con los vigiladores por medio del celular que habíamos colocado en la guardia", resaltó otro testigo.
Uno de los empleados del barrio agregó que, por orden del intendente del country, una de las garitas se ponía y se sacaba. "La colocaban en una de las entradas los sábados, domingos y feriados a las 10 de la mañana y se la retiraba a las 19. En realidad, no era para hacer protección, era para que los que ingresaban la vieran", recordó.
Peritos judiciales pudieron determinar que los alrededores de los cercos perimetrales no sólo eran oscuros sino que también estaban rodeados de pastos altos que no permitían que los vigiladores vieran con claridad. En el lugar tampoco había cámaras de seguridad.
El descargo de las empresas acusadas –Clarín se comunicó con el country y no obtuvo respuesta– fue que cumplieron con todo lo documentado en el contrato fiduciario. Además, dijeron que la familia asaltada no tenía derecho a reclamo alguno porque hacía más de un año que no pagaba las expensas.
Finalmente, la jueza María Isabel Di Filippo ordenó que en forma solidaria las empresas demandadas indemnicen a la familia asaltada: 300.000 pesos al hombre; 400.000 a su esposa; 100.000 a uno de los hijos; y 50.000 a cada uno de los otros dos chicos, en concepto de daños psicológicos y morales.

Fuente: Clarín 22/08/2015